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Martes, 13 Mayo 2014 14:32

La independencia de nuestra justicia

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R.JusticiaLos problemas de la justicia, que no son nuevos, vuelven a ser ahora tema de debate. Después de la fallida reforma a la justicia empieza a ventilarse la posibilidad de revocar a los magistrados de las altas cortes. Hasta el momento no se conoce con certeza como operaría esta revocatoria, por lo que resulta difícil emitir un juicio sobre los pros y los contras de esta propuesta, sin embargo, podría resultar peor el remedio que la enfermedad, pues no es claro cómo sería la nueva elección de magistrados y quienes serían elegidos, por lo que de tomar forma esta propuesta debería seguirse con lupa su desarrollo.

Es evidente que la justicia colombiana tiene grandes y múltiples falencias. La primera y que de manera directa afecta a todos los ciudadanos es la lentitud con que opera, ya que algunos procesos judiciales pueden tardar varios años en resolverse, y una justicia que no sea pronta termina por no ser justicia. Para esto se han tomado medidas como la creación de juzgados de descongestión y el aumento de funcionarios en los distintos juzgados, tribunales y cortes. Así mismo, se han expedido normas y códigos que buscan agilizar los procesos judiciales, a través de medidas como la oralidad en la justicia civil. Un segundo problema que afecta a la administración de justicia, y no menos importante que el anterior, es lo que se conoce popularmente como el "yo te nombro, tú me nombras" y se deriva básicamente de las funciones de nominación que tienen las altas cortes para diversos altos cargos en el Estado, así como de las funciones de nombramiento de magistrados. Esta situación degenera en un clientelismo que corrompe la rama judicial y distrae a los jueces de la que debería ser su única función: administrar justicia.

Existen muchos otros problemas que afectan a la justicia, por lo que es claro que se requieren reformas, sin embargo, bien sea que se tramiten puntuales reformas legales o se llegue a la impredecible revocatoria de los magistrados de las altas cortes, es bueno recordar una virtud de la justicia de nuestro país que debería defenderse y preservarse en las reformas venideras, pues resulta de vital importancia en una democracia, me refiero a la independencia judicial frente a los poderes públicos.

Si bien esta virtud ha tenido sus tropiezos, en términos generales podemos decir que la administración de justicia en nuestro país se ha caracterizado por su independencia frente a los demás poderes públicos, lo que ha permitido mantener una estabilidad democrática y un equilibrio entre los poderes. Para ilustrar lo anterior mencionaré tres ejemplos recientes que muestran la independencia de nuestras altas cortes en temas que han sido difíciles de manejar por los poderes a los que se enfrentaban.

En primer lugar debemos destacar la decisión de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de la ley que convocaba a un referendo para permitir una segunda reelección del expresidente Uribe, no solo por vicios de forma sino de fondo, es decir, no solamente porque había sido mal tramitada por el Congreso de la República, sino porque de permitirse una segunda reelección se socavarían los principios fundamentales sobre los que se asienta un Estado democrático, constituyéndose esta reforma en una verdadera "sustitución de la Constitución". Es preciso recordar la presión mediática a la que fue sometida la Corte, pues de su decisión dependía la suerte de unos de los presidentes con mayor popularidad en la historia de Colombia, quien además contaba con el inmenso poder que tiene un Presidente de la República y las mayorías parlamentarias. A pesar de esto, el tribunal constitucional no sucumbió a las presiones y mostró su independencia al ponerle freno a las aspiraciones de perpetuarse en el poder de Uribe.

Un segundo ejemplo de independencia judicial lo podemos encontrar en el denominado proceso de la "parapolítica", adelantado por la Corte Suprema de Justicia, en el que han sido condenados decenas de congresistas y servidores públicos por sus vínculos con grupos paramilitares. Este proceso inició en el mandato del expresidente Uribe, quien se enfrentó públicamente a la Corte por enviar a la cárcel a varios congresistas que hacían parte de la colación del Gobierno en el Congreso. No obstante, a pesar de los hostigamientos y de enfrentarse a poderosos congresistas y al propio Presidente de la República, la Corte no declinó en sus investigaciones y develó el peligroso contubernio entre autodefensas y políticos.

Finalmente, debemos hacer mención a las decisiones judiciales que le han sido desfavorables a uno de los funcionarios públicos con mayor poder en el país, el Procurador General de la Nación. La Corte Constitucional, por ejemplo, le ordenó al Procurador rectificar sus declaraciones en torno a un medicamento de anticoncepción oral de emergencia que el Procurador consideraba abortivo, tergiversando para ello documentos de la Organización Mundial de la Salud. Así mismo, recientemente el Consejo de Estado revocó la decisión del Procurador en la que inhabilitaba al exalcalde de Medellín Alonso Salazar para ejercer funciones públicas, a pesar de que el Procurador proviene del mismo Consejo de Estado, y en momentos en donde se discute sobre la extralimitación en el ejercicio de sus funciones a propósito de la sanción al Alcalde Petro. Ahora bien, estas decisiones han provenido no sólo de las altas Cortes, sino de jueces de inferior jerarquía en otro tema en el que el Procurador se la ha jugado a fondo: el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En efecto, varios jueces, interpretando la sentencia de la Corte Constitucional, han celebrado matrimonios entre parejas del mismo sexo a pesar de las presiones e intimidaciones del Procurador.

Sólo basta entonces imaginar un Presidente perpetuado en el poder, un Procurador extralimitado en sus funciones y un Congreso en manos de las autodefensas para advertir la importancia de la independencia judicial en nuestra democracia. Esperemos que las reformas que pretenden solucionar los problemas de la justicia no terminen por borrar sus virtudes.

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